La pandemia del Covid-19 en Castilla y León ha provocado que 77.000 personas más estén en riesgo de pobreza y exclusión social hasta suponer el 23,1 por ciento de la población, lo que supone que haya, en la actualidad, un total de 551.000 individuos en esta situación. Es la principal conclusión del XII Informe 'El estado de la pobreza y la exclusión social en Castilla y León post COVID-19', elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), que alerta que la Comunidad es la segunda autonomía de España en la que más ha aumentado la tasa Arope, que analiza el nivel de renta, la privación material y social severa y la baja intensidad de empleo.
El indicador Arope ha pasado del 19,4 por ciento en 2020 al 23,1 por ciento en 2021 en Castilla y León. Es decir, 3,7 puntos más mientras que en el caso del conjunto nacional, la tasa ha subido ocho décimas, hasta el 27,8 por ciento. Pese al incremento registrado en la Comunidad, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social está por debajo de la media de España. Además, el indicador está muy cerca del máximo alcanzado en el 2015, cuando se situó en el 23,2 por ciento.
Navarra y País Vasco son las comunidades con la tasa Arope más baja, ya que solo el 14,7 y el 16 por ciento, respectivamente, de su población está en riesgo de pobreza y exclusión social, seguidas de Aragón (20 por ciento), La Rioja (21,3 por ciento), Cantabria (21,4 por ciento), Madrid (21,6 por ciento), Cataluña (22,3 por ciento) y Baleares (22,4 por ciento). A continuación, aparece Castilla y León, con el 23,1 por ciento. En la cola del listado, están Andalucía y Extremadura (38,7 por ciento, en cada caso) y Canarias (37,8 por ciento).
El estudio, presentado en el Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, subraya que los principales afectados por la crisis sanitaria, social y económica que ha provocado el COVID son las mujeres y los menores de edad. No en vano, la tasa Arope ha crecido "notablemente" a lo largo del último año entre las mujeres, lo que ha significado un aumento de la brecha de género, que es la más alta de todo el periodo analizado, hasta situarse en el 25 por ciento frente al 21,2 por ciento de los hombres. En cuanto a los castellanos y leoneses de menos de 18 años, son el colectivo con las mayores tasas de Arope, con el 29,8 por ciento.
El informe subrayó que, en 2021, había 426.000 personas pobres en la Comunidad, un 17,9 por ciento de su población. Un dato preocupante es que, según EAPN, son 63.000 más que el año anterior, al aumentar 2,8 puntos. Un incremento que contrasta con la subida experimentada en España, donde ha pasado del 21 al 21,7 por ciento. De ese total de pobres existentes en Castilla y León, 162.053 personas están en situación de pobreza severa, lo que supone que una persona que viva sola y esté en con esta problemática tiene que sobrevivir con menos de 530 euros al mes.
El presidente autonómico de EAPN, Óscar Castro, valoró que Castilla y León mantiene mejores condiciones de vida que el resto de España pero advirtió que la tasa de privación material y social severa alcanza ya el 6,1 por ciento (frente al 4,1 por ciento en 2021, cuando había una metodología diferente), hasta un total de 243.401 personas. Individuos que tienen la incapacidad para consumir nueve de los trece elementos estudiados (retraso en pago de gastos de vivienda; no poder mantenerla a una temperatura adecuada; imposibilidad de ir de vacaciones al menos una semana al año; no comer carne, pollo o pescado cada dos días; incapacidad para afrontar gastos imprevistos; no disponer de un coche; imposibilidad de cambiar muebles estropeados o viejos; no poder renovar el vestuario al estar estropeado; no contar con dos pares de zapatos; problemas para reunirse con amigos y familiares o tomar algo al menos una vez al mes; no poder participar regularmente en actividad de ocio como deportes o cultura; no poder gastar una pequeña cantidad de dinero en sí mismo o imposibilidad de contar con una conexión de internet en el hogar). En este sentido, el informe refleja que el 33,4 por ciento de la población no tiene capacidad para hacer frente a gastos imprevistos o que el 14,3 por ciento no puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada.
Junto a esto, está el dato que el 29,2 por ciento de las personas pobres gasta en vivienda más de la mitad de su renta, cuando lo recomendable es no sobrepasar el 33 por ciento, y casi la mitad de las mujeres (48,1 por ciento) que percibe una pensión está por debajo del umbral de la pobreza. Aquí también está presente la brecha de género, por que ese porcentaje en los hombres es del 21,1 por ciento.
Además, Castro alertó, según recogió la Agencia Ical, que la crisis ha provocado un aumento de la desigualdad en Castilla y León al asegurar que la renta ha bajado entre los más pobres y ha subido entre los más ricos. Algo que puntualizó el coordinador de EAPN, Jonathan Sánchez, al apuntar que el 20 por ciento de la población con mejores ingresos de la Comunidad recibe una renta cinco veces superior a la del 20 por ciento más pobre o que el diez por ciento más rico recibe 8,6 veces lo que ingresa el diez por ciento más pobre. Además de aumentar "notablemente" el número de personas en los deciles extremos se reducen también los ingresos de los castellanos y leoneses en los deciles más bajos y se incrementan las rentas de las personas en dos de los tres deciles más elevados. Por último, puso el acento en la reducción de la clase media (representada por los deciles entre el 4 y el 7), que pasa del 47,2 al 44,4 por ciento.
El presidente del CES, Enrique Cabero, manifestó que la construcción del Estado Social y Democrático de Derecho requiere de las clases medias. Y es que precisó que el crecimiento de las clases medias permite que se desaparezcan las mayores desigualdades y que, además, funcione el modelo de producción, por la capacidad de consumo de estas clases. "Son un núcleo básico de la vertebración de la sociedad al tener un nivel de renta suficiente e influir en las personas que están en situación de riesgo o exclusión social", sentenció.
El indicador BITH, que mide la baja intensidad de empleo, se situó en 2021 en el 7,8 por ciento, un punto más que hace un año, frente al 11,6 por ciento de España. Esto se traduce en que los hogares en los que sus miembros en edad de trabajar (por debajo de los 64 años) lo hicieron menos del 20 por ciento de su potencial. En este apartado, se repite la brecha de género, ya que el porcentaje es del 7,3 por ciento entre los hombres y del 8,4 por ciento entre las mujeres.
Cabero puso el acento en la perspectiva de edad (tanto jóvenes como personas mayores) y de género, sin olvidarse la territorial. "Con pobreza y, principalmente, exclusión social no se puede desarrollar el modelo constitucional del Estado Social y Democrático de Derecho. Necesita de un modelo incluso para desarrollar todas sus potencialidades, garantizar los derechos fundamentales y libertades públicas", aseveró.
A su juicio, según recogió Ical, la sociedad no puede permitir que nadie quede fuera del sistema. De ahí, lo "imprescindible" del sistema de ingresos mínimos que en Castilla y León ya se desarrolló "bien" en el Estatuto de Autonomía, al reconocer como derecho por ley la renta garantizada de ciudadanía y que, luego, se reforzó en 2020 con el Ingreso Mínimo Vital del Estado.
EAPN destacó la importancia del papel del conjunto de las administraciones que, gracias a sus políticas, logró "resguardar" a unas 55.000 personas de caer en la pobreza durante la pandemia. La inacción del Estado, sin ninguna transferencia de renta ni pensiones de jubilación o supervivencia, supondría que la pobreza real pasaría del 17,9 al 46,7 por ciento de la población.
Castro y Sánchez coincidieron que en un momento como el actual, en que se necesita una recuperación social y una transformación, es fundamental contar con las entidades del Tercer Sector, tanto para la intervención directa y la prestación de servicios pero también para el diseño de medidas y políticas sociales que son necesarias. En este sentido, Cabero valoró que el Tercer Sector es "especialmente importante" en Castilla y León y destacó que supone un elemento "imprescindible" para combatir la pobreza y la exclusión social.
Entre las medidas que plantea EAPN para implantar están el desarrollo de servicios sociales "más próximos" y con más recursos para atender a la población; sistemas de rentas sociales que garanticen los apoyos necesarios para que las personas puedan llevar a cabo su proyecto de vida; políticas activas de empleo que permitan la igualdad de oportunidades de acceso; medidas para acabar con la brecha digital; acceso "efectivo" y "ecuánime" a la sanidad, especialmente en el medio rural, y políticas de vivienda que garanticen el acceso a todas las personas. En definitiva, garantizar una sociedad donde todas los individuos tengan las "mismas" oportunidades de desarrollo. Algo que, según el presidente de la organización, pasa por conseguir una política fiscal "equitativa", "justa" y "solidaria".
