La Guardia Civil, siguiendo las directrices marcadas por el Plan de Actuación de la Guardia Civil ante la Trata de Seres Humanos, ha investigado a tres personas como presuntas autoras de los Delitos contra los Derechos de los Trabajadores, Trata de Seres Humanos e Integración a Grupo Criminal.
Todo comenzó a principios del mes de octubre del pasado año, fecha coincidente con la temporada de concesión de autorizaciones para limpieza, poda y corta de encinas, cuando la Guardia Civil, intensificó sus servicios para comprobar la legalidad de aprovechamientos madereros, así como el control del personal empleado para trabajar en ese tipo de aprovechamientos.
En uno de esos servicios, durante el pasado 14 de noviembre, se realizó una inspección preventiva para comprobar la posible existencia de víctimas de explotación laboral, en una Finca perteneciente al término municipal de Ávila, donde se identificó a ocho personas que se encontraban limpiando, cortando y podando encinas, sin contrato laboral, sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, incluso sin autorización para trabajar en España. De esas ocho personas, siete eran de nacionalidad peruana que no poseían contrato laboral y, una dominicana que sí estaba dada de alta en la Seguridad Social y por tanto poseía contrato laboral.
Cinco de esos trabajadores se encontraban en situación irregular en el territorio nacional.
Ante la gravedad de los hechos, y al no quedar clara la situación legal de los trabajadores, se contacta con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Ávila, para ampliar la inspección efectuada en presencia de uno de sus técnicos. Al día siguiente, 15 de noviembre, estando presente un Subinspector de Empleo y Seguridad Social, se amplió la inspección, observándose como se encontraban trabajando nuevamente 3 personas identificadas el día anterior.
Las empresas encargadas de llevar a cabo esos trabajos, nunca habían comunicado el alta del régimen de la Seguridad Social de sus empleados, y todos carecían de contrato laboral, y algunos de permiso legal para poder trabajar en España. Es importante señalar que ninguna de las empresas aportó el plan de prevención de riesgos laborales y que la mayoría del los trabajadores no se encontraban cualificados para realizar ese tipo de trabajo, ya que en su pais de origen tenían otra profesión diferente.
Se levantaron diferentes actas administrativas al respecto. Una vez analizados minuciosamente los hechos verificados y, habiendo observado posibles ilícitos penales graves, entre ellos, 'la trata de seres humanos en la explotación laboral en el ámbito forestal', se inicia la Operación Barronco, para verificar si las Empresas implicadas (3 en total) habrían abusado de su situación de superioridad, o habrían dado trabajo a esas personas utilizando para ello el engaño.
Después de tres meses de investigaciones, el pasado 08 de febrero, se detectaron más irregularidades, pero en esta ocasión en otra finca también perteneciente al término municipal de Ávila, donde tras realizar otra inspección preventiva, se observó como otras siete personas, de las que seis ya fueron identificadas en inspección preventiva de la primera finca, estaban cortando y podando encinas.
Fueron identificadas nuevamente, y con previa solicitud se personó en el lugar un técnico de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Ávila, constatándose que cuatro de esas siete personas no poseían contrato laboral, estaban trabajando sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, y tres de esas cuatro personas permanecían en España en situación irregular.
Finalmente, el 08 de marzo, se puso a disposición judicial en calidad de investigadas a un total de tres personas, (al dueño de dos de las empresas implicadas, al propietario de una tercera empresa subcontratada y que a su vez es el gestor de las tres empresas investigadas, y un tercero subcontratado como autónomo y responsable de los trabajadores identificados el 08 de febrero).
