Mejoras en los servicios telemáticos, simplificación administrativa y más medios de atención. Estas son las principales reivindicaciones que se desprenden de las quejas y sugerencias de los castellanos y leoneses al Consejo Regional para la Defensa del Contribuyente y al Procurador del Común en 2022.
Defensa del Contribuyente recibió 73 quejas a lo largo de 2022, frente a las 44 del año anterior, es decir, un 72,7 por ciento más. Del total de escritos remitidos, 65 fueron quejas y ocho se tramitaron como sugerencias. A estos hay que sumar cuatro quejas que se presentaron ante el Procurador del Común.
La mayor parte de las quejas, 44, se debieron a "retrasos o deficiencias" en la tramitación de expedientes o prestación de servicios. En concreto, 18 fueron por una asistencia "mejorable"; 16 por problemas con la cita previa; cuatro por deficiencias en la información recibida; otras tantas por dificultades con la Oficina Virtual; una por demora de la resolución en cursos, y otra por problemas con el programa de ayuda (PADIA).
Además, cinco quejas se relacionaron con discrepancias con las actuaciones de aplicación de los tributos; de las que tres fueron por falta de ejecución de una resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León (TEAR); y dos por la valoración de inmuebles.
Asimismo, otras 16 quejas se refirieron a otras materias. Ocho por imposibilidad de pagar impuestos sino se tiene en cuenta a una entidad colaboradora; cinco por problemas con el navegador exigido; una por incumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD); otra por falta de fotocopiadora pública y una más por problemas con el lugar de espera para ser atendido.
Del conjunto de quejas en la Comunidad, 42 se presentaron ante la Dirección General de Tributos; ocho en el Servicio Territorial de Valladolid; seis en el de León; tres en el de Burgos; cinco en el de Segovia; dos en el de Ávila, Soria y Zamora y una en el de Salamanca, Béjar y Ponferrada.
Por lo que se refiere a las sugerencias, se presentaron ocho, una para que se mejore el sistema de solicitud de cita previa y se incremente el personal de atención al público en el Servicio Territorial de Hacienda de Valladolid.
Asimismo, se planteó que se habilite un formulario normalizado para solicitar la devolución del modelo 046 (tasas) y se pueda presentar también telemáticamente; y una más que pueda cumplimentarse "de forma más sencilla". Otra sugerencia estuvo dirigida a reclamar que se permitan más versiones de navegadores (no solo Internet Explorer) para presentar el modelo 046, y que se pueda pagar con todas las entidades financieras.
Una de las sugerencias apuntó además a que se implante el pago con datáfono en todos los departamentos. En este sentido, cabe destacar que el último Consejo de Gobierno de la Junta, el pasado jueves, conoció el contrato de servicios bancarios que permitirá que los contribuyentes de Castilla y León adheridos a la aplicación móvil Bizum puedan pagar los tributos autonómicos mediante esta opción. Junto a este servicio se incluye también la posibilidad de realizar estos pagos a través de terminal punto de venta físico (datáfono) y de pago telemático (a través de la Oficina Virtual de Impuestos Autonómicos del Portal Tributario de la Junta de Castilla y León).
Un contribuyente también trasladó que se modifique la normativa para que la deducción por discapacidad que no pueda ser aplicada por insuficiencia de cuota íntegra autonómica pueda solicitarse vía subvención a través del modelo S08. Además, otro trasladó que el modelo 806 de abono/reintegro de subvenciones se pueda gestionar a través de OVIA o con pasarela de pagos.
Por último, un ciudadano reclamó que se incremente el número de mesas que atienen en el Impuesto sobre sucesiones y donaciones en el Servicio Territorial de Hacienda de León.
Las quejas ante el Procurador del Común, fueron cuatro. La primera y la tercera se refieren a la falta de cumplimiento de la obligación que tiene la Administración de notificar a través del Punto de Acceso General Electrónico de la Administración.
La segunda fue una petición de modificación de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, de forma que la deducción por discapacidad pueda ser de aplicación a los contribuyentes cuya base imponible total supere la cuantía establecida de la misma norma.
La cuarta se refiere a la disconformidad con que el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados solamente pueda hacerse a través de entidad colaboradora y no mediante pago con tarjeta de crédito/débito o mediante cuenta abierta en cualquier entidad financiera.
Por último, se recalca que "no consta que se haya recibido ninguna advertencia, recomendación o sugerencia efectuada por el Procurador del Común a la Administración tributaria autonómica".
