Las Comisarías Provinciales de Ávila y Salamanca han imputado a cinco personas -por el momento- por un presunto delito de falsedad documental al haber presentado documentos falsificados y fraudulentos ante la Administración al objeto de regularizar a personas extranjeras en situación irregular.
La Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno de Salamanca detectó irregularidades en varios permisos de trabajo y residencia, por lo que pidió informe a la Brigada de Extranjería y Fronteras de Salamanca.
Las Brigadas de Salamanca y Ávila, de forma conjunta, investigaron y demostraron que parte de la documentación presentada estaba íntegramente falsificada y que las mercantiles que constaban como empleadoras eran empresas fantasma con Administradores que resultaron ser testaferros.
Entre los imputados se encuentran los titulares de al menos dos empresas fantasma, los solicitantes de residencia y, de momento, dos letradas de asesorías de Salamanca y Ávila. Queda pendiente de localización gestores ubicados en Madrid y determinar su necesaria actuación para que el engaño a la Administración se pueda consumar.
Las falsedades afectan a documentos expedidos por la Tesorería General de la Seguridad Social por trámites supuestamente realizados por abogadas autorizadas. Se investiga si hay más documentos falsificados, para lo que se ha requerido colaboración interinstitucional a la Tesorería.
El modus operandi era el siguiente: el solicitante de permiso de trabajo y residencia en situación irregular presentaba ante la Administración contratos de trabajo indefinidos en los que la sociedad fantasma, previamente creada con un testaferro como titular figuraba como empleador. Las gestiones "requerían la necesaria actuación de las abogadas de gestorías sin escrúpulos para poder llevarlo a cabo", afirman desde la Policía y "parte de los documentos estaban falsificados".
Se investiga si los documentos falsificados detectados se pudieron adquirir a un 'gestor on line' de Madrid que al parecer podría haberse citado por WhatsApp en la Puerta del Sol con el comprador (el solicitante de residencia y trabajo). Este le habría pagado en efectivo a cambio de un documento electrónico enviado por WhatsApp "y sin duda relacionado con las gestorías investigadas".
Según la Policía, y en resumen, los extranjeros en situación irregular "realizan trámites delictivos en su afán de conseguir permiso de trabajo" y están "mal asesorado por abogados de gestorías que dan de alta a empresas fantasmas, tramitan contratos de trabajo falsos y les venden documentos íntegramente falsos, cobrando tarifas mayores de lo establecido, parte sin facturar, con la excusa de que habrían de cobrarles el IVA".