El procurador de Por Ávila en las Cortes de Castilla y León, Pedro Pascual, se ha interesado por el estado de ejecución de la subestación eléctrica de Vicolozano y ha urgido a la Junta a que comience cuanto antes los trabajos para su construcción, puesto que el plazo finaliza en tres semanas.
Durante la sesión de control al Gobierno regional de esta tarde, Pedro Pascual se ha referido a la "escasa" actuación de la Junta en proyectos vinculados a la provincia de Ávila, y se ha referido al retraso con la subestación eléctrica del polígono de Vicolozano, una infraestructura clave para el desarrollo industrial de la provincia, pero de la que "no se sabe nada".
En este sentido, Pascual ha recordado que, a punto de finalizar el plazo de ejecución, ha pedido a la Junta "transparencia" y "agilidad" para su construcción, puesto que de ella dependen muchas empresas, tanto las que ya están instaladas como las nuevas que están esperando a, algo "tan básico", como contar con suministro eléctrico.
Debido a estos retrasos y a la "desidia" de la Junta de Castilla y León para con la provincia de Ávila, Pedro Pascual ha pedido explicaciones y que "cuanto antes sea una realidad".
En esta misma línea, Pedro Pascual ha preguntado también por los trabajos para urbanizar el polígono de Vicolozano, que tampoco se han iniciado; por los problemas sanitarios y en materia de comunicaciones de la provincia de Ávila.
Por otro lado, el procurador de Por Ávila se ha posicionado en contra de los cierres de oficinas bancarias y cajeros automáticos en el medio rural y ha abogado por políticas que fomenten el mantenimiento de los servicios financieros en los pueblos de la Comunidad.
Durante su intervención en la sesión plenaria en la mañana de este jueves, Pedro Pascual ha defendido la puesta en marcha de políticas que fomenten el mantenimiento de los servicios financieros, esto es oficinas bancarias y cajeros automáticos, en las zonas rurales de la Comunidad, donde el cierre de bancos es una realidad que afecta, sobre todo, a las personas mayores.
Pascual se ha referido a la provincia de Ávila, donde un 86,7% de los municipios ya no cuentan con una oficina bancaria, algo que deja desatendida no solo a la población de las localidades en las que estaban ubicadas, sino también a las de alrededor. Población que, como ha apuntado, es de avanzada edad y necesita de ayuda para realizar determinadas gestiones.
Se trata, por tanto, de fijar población, algo que se consigue garantizando a los ciudadanos una dotación adecuada de servicios públicos, evitándoles grandes desplazamientos y de garantizar que los pueblos cuenten, en la medida de lo posible, con los mismos servicios que las grandes ciudades.
