El teniente coronel Carlos Alonso Rodríguez, exjefe de la Comandancia de Ávila, ha defendido su inocencia ante la jueza del "caso cuarteles", explicando que ni vio ni cometió irregularidades, y que él tenía subalternos que tenían responsabilidades, en concreto un mando que tenía que supervisar la ejecución de las obras que se contrataban.
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha tomado declaración este miércoles a Alonso, el primer investigado que comparece en la causa en la que se investiga si hubo irregularidades en la adjudicación de obras de trece comandancias de España, que no llegaron a realizarse o se hicieron parcialmente tras ser adjudicadas al empresario Ángel Ramón Tejera de León -conocido como Mon y cuyo nombre aparece en el sumario del caso Mediador-, por un valor un valor total de 3,3 millones, entre 2008 y 2019.
Carlos Alonso, que ha declarado a petición propia, ha ratificado que no cometió delito alguno ni tuvo conocimiento de las presuntas irregularidades, y ha detallado cuáles eran sus competencias en la Comandancia de Ávila entre 2015 y 2017, han detallado fuentes de su defensa.
Su letrada, Patricia Carrión, ha trasladado a EFE su "satisfacción" por el hecho de que el teniente coronel haya podido aclarar su falta de responsabilidad en los delitos que se investigan, algo que llevaba tiempo esperando hacer.
Alonso pidió declarar ante la jueza después de que la Audiencia Provincial de Madrid rechazara archivar la causa contra él tras apreciar "discordancia" entre las obras realizadas en cuarteles de la Guardia Civil en Ávila y el contenido de las facturas que se emitieron.
Además, según han señalado a EFE otras fuentes jurídicas, el mando, que ha contestado a su defensa y a la fiscalía, ha precisado que él era el máximo responsable de la Comandancia de Ávila y que había subalternos que tenían responsabilidades, de manera que él no revisaba cada papel.
En este punto ha señalado en concreto al responsable de supervisar que las obras contratadas se tenían que hacer, ya que el tema de la contratación se hacía a través de una caja única, añaden estas fuentes.
Antes de la declaración de Alonso, la jueza ha celebrado la 'vistilla' prevista en la Ley del Tribunal de Jurado, en la que cada parte concreta las imputaciones o bien insta al sobreseimiento, solicitando las diligencias que considere necesarias, y que la magistrada convocó tras ampliar la causa a un posible delito de cohecho para los cuatro imputados, a los que ya se investigaba por falsedad continuada en documento oficial y malversación.
Al estar dos letrados conectados vía telemática, este trámite judicial no se ha celebrado íntegramente, sino que la fiscalía y la abogacía del Estado han mantenido las acusaciones contra los investigados y luego se ha acordado que las defensas reciban los informes acusatorios para después exponer sus posturas.
Las defensas habían recurrido la celebración de la 'vistilla' al considerar que es demasiado pronto procesalmente para hacerlo, pero la jueza les ha traslado que la ley así lo prevé.
La jueza Isabel Durántez investiga si, como denunció Asuntos Internos de la Guardia Civil, hubo irregularidades en la adjudicación de obras de trece comandancias de España.
Esta investigación judicial, que arrancó en Ávila y acabó en Madrid, llevaba estancada desde 2022 a la espera de que se haga un informe para dilucidar si las obras acometidas son acordes con las facturas. No fue hasta el pasado verano cuando se nombraron los peritos necesarios para este informe, de manera que acaban de empezar su trabajo, detallan las fuentes.
Permanecen investigados en la causa el teniente coronel Carlos Alonso Rodríguez, exresponsable de la Comandancia de Ávila; el teniente general Pedro Vázquez Jarava, que fue responsable de la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil, el empresario Ángel Ramón Tejera de León y el empresario Salvador Gutiérrez.
