Cerro el Rocil, filial del Grupo Cosentino, ha querido comenzar a hacer catas en el Valle del Corneja, saltándose el procedimiento legal vigente
El abulense Valle del Corneja acaba de "sentir el zarpazo real de la minería a cielo abierto", según un comunicado del aplataforma 'No a la Mina en el Valle del Corneja'.
Sus habitantes conocieron, en febrero de 2022, que la amenaza se cernía sobre una parte del Valle al abrir la Junta de Castilla y León información pública sobre la admisión del permiso de investigación Polonia 1.152, solicitado por Cerro el Rocil, filial del Grupo Cosentino.
El proyecto, que abarca 71 cuadrículas mineras, afecta a los términos municipales de El Mirón (con su anejo Aldealabad), Malpartida de Corneja, Becedillas (con su anejo Casillas de Chicapierna), Collado del Mirón y Santa María del Berrocal (con sus anejos Valdemolinos y Navahermosa de Corneja).
Según indica el escrito, "a finales de la semana pasada el peor de los temores se hacía realidad sobre los tres primeros municipios citados, con la intención de Cerro el Rocil de llevar a cabo las catas".
Aunque la Junta de Castilla y León desestimó todas las alegaciones interpuestas contra el permiso de investigación, desde la Asociación 'Vive el Valle del Corneja' (brazo legal de la Plataforma 'No a la Mina en el Valle del Corneja') se ha presentado demanda Contencioso Administrativa ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ávila, contra la desestimación del recurso de alzada que se interpuso contra el otorgamiento, habiendo solicitado en la misma medida cautelar de suspensión, que aunque haya sido denegada por el juzgado, se encuentra en trámite de recurso, por lo que aún no es firme y no se podrían llevar a cabo los trabajos de investigación hasta que haya una resolución firme por el tribunal superior.
Según asegura el documento, en un primer momento los habitantes de El Mirón no sospecharon, la desconfianza surgió al comprobar que las máquinas se adentraban en fincas particulares, con sacas. Varios mironenses que se dirigieron hacia ellos interceptando el paso con sus vehículos en el camino. Dos geólogos de Cerro el Rocil acompañaban a los conductores de la máquina y del camión que estaban sobre el terreno. Los geólogos intentaron justificar su presencia, argumentando que esa misma mañana habían enviado a los ayuntamientos el permiso correspondiente, pero al mostrar sobre el SIGPAC los terrenos en los que deberían actuar, los vecinos percibieron que el sistema de información geográfica de parcelas agrícolas que mostraban estaba desactualizado al ser del año 2020 y, por lo tanto, anterior a la concentración parcelaria.
Se solicitó la presencia de la Guardia Civil, que acudió desde Muñogalindo. Una vecina aportó la documentación que demostraba la titularidad de su tierra, al tiempo que expresó que no había dado su consentimiento para llevar a cabo las catas, junto al testimonio telefónico de Chema Sánchez, uno de los abogados que forman parte de la Plataforma. Los agentes instaron a que se devolviera la tierra a su lugar, algo que no ocurrió con cuatro de las sacas al admitir los representantes de la empresa minera que estas habían sido extraídas de Becedillas y Malpartida.
El alcalde de Malpartida, Ángel López, al comprobar que se han llevado a cabo dos catas en su término municipal ha interpuesto una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Piedrahita contra Cerro El Rocil y las empresas Óscar Martín y Materiales de Construcción Hermanos Gómez, compañías que han colaborado con la máquina y el camión que se ha llevado la tierra del lugar.
Desde El Mirón se interpondrán otras denuncias por las cuatro catas realizadas: tres en fincas particulares y una del ayuntamiento.
Dos catas más se llevaron a cabo en Becedillas. De ellas se va a poner denuncia por una de las fincas. Por la otra no ya que la propietaria de la finca de Las Casillas, anejo de Becedillas, es la única que ha dado su consentimiento al estar a favor de la mina.
Desde la Asociación 'Vive el Valle del Corneja', Olga Herrero, abogada, señala que "Cerro El Rocil ha vulnerado el procedimiento establecido en la Ley de Minas, ya que antes de hacer las catas tendrían que haber tenido el permiso de los propietarios, atentando por tanto contra el derecho constitucional a la propiedad privada".
"Otra de las vulneraciones viene de la mano de las notificaciones enviadas a los ayuntamientos el mismo día en que se iba a llevar a cabo la extracción de la tierra", sostiene Herrero.
Asismimo, recuerda que "debería haberse hecho con anterioridad y más teniendo en cuenta que son los secretarios quienes las reciben y no se encuentran todos los días en los ayuntamientos, por lo que ha sido recibida a posteriori del inicio de los trabajos. Esto hace que deba considerarse no válidas estas notificaciones".
En definitiva, la Asociación 'Vive el Valle del Conreja' considera que al tratarse de un procedimiento judicial abierto, Cerro el Rocil se ha saltado el procedimiento legal vigente, tanto el administrativo como el judicial, vulnerando los derechos de los particulares y de todas las personas afectadas en el Valle, imponiendo sus intereses sobre los derechos de la población.
