Un total de 14.295 personas en la provincia, casi el 9% de la población abulense -de ellas, 7.208 mujeres y 7.087 hombres- con grados de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, se beneficia de las distintas medidas aprobadas por el Gobierno de España para un colectivo que, en la comunidad autónoma, alcanza la cifra de 174.577 personas.
Entre estas iniciativas está la mejora al acceso a la jubilación anticipada para personas con discapacidad superior al 45%, que reduce de 15 a 5 los años de cotización exigidos desde el diagnóstico de la discapacidad para acceder a la jubilación anticipada.
En cuanto a las patologías, la norma, que entró en vigor el pasado mes de junio, facilita tanto su acreditación como su actualización.
En concreto, la acreditación de la discapacidad se puede realizar, además de mediante certificación del IMSERSO o de las comunidades autónomas, mediante un informe médico que acredite que ha padecido alguna de las patologías contempladas y la fecha de inicio o manifestación de las mismas. Por otro lado, ya está operativo un nuevo procedimiento, más ágil y sencillo, para actualizar el listado de patologías.
Además de esta medida, destacan otras iniciativas impulsadas por el Gobierno de España para las personas con discapacidad. En concreto, en el Ingreso Mínimo Vital, que cuenta en la provincia de Ávila con 7.859 perceptores, se incluye un incremento del 22% para aquellos hogares en los que uno de los beneficiarios tiene alguna discapacidad.
También uno de los itinerarios de inclusión vinculados al Ingreso Mínimo Vital y financiados con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia tiene el foco en este colectivo.
En concreto, en colaboración con Plena Inclusión, movimiento asociativo que lucha en España por los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias, se está desarrollando el programa de empleo personalizado, centrado en la empleabilidad de las personas con discapacidad intelectual. En Ávila, un total de 1.526 personas tienen alguna discapacidad intelectual
Por otra parte, el Gobierno de España ha mantenido durante todo el año 2023 la revalorización del 15% en la cuantía de las pensiones no contributivas de invalidez.
Además, las personas que perciben este tipo de pensión de la Seguridad Social y tienen un grado de discapacidad igual o superior al 75% han recibido un incremento del 50%, es decir, una cuantía de 726,90 euros al mes. El número de perceptores en la provincia con un grado igual o superior al 75% de discapacidad se cifra en 2.854 personas.
"Estas son algunas de las medidas con las que el Gobierno blinda los derechos del colectivo y de sus familias, situando en la agenda la realidad de las personas con discapacidad que viven en el medio rural", ha señalado el subdelegado del Gobierno, Fernando Galeano.
Según recoge la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030, la prevalencia de las situaciones de discapacidad es considerablemente más alta en municipios de menos de 5.000 habitantes, donde reside una población con un perfil sensiblemente más envejecido y feminizado que la que vive en entornos urbanos, con necesidades de apoyo que, en ocasiones, no están cubiertas.
Ávila cuenta con 8.319 personas con discapacidad residiendo en zonas rurales, el 58,2% del total del colectivo. De ellas, 7.267 -3.951 mujeres y 3.316 hombres- tienen 65 o más años.
Este 3 de diciembre, se celebra el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, declarado por Naciones Unidas en 1992, con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, así como sensibilizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida.
En el marco de este día, el Gobierno presentó este martes una declaración institucional que visibiliza su compromiso con los derechos humanos de las personas con discapacidad y con la reforma del Artículo 49 de la Constitución.
El nuevo artículo entenderá la discapacidad desde un enfoque exigente en derechos, dando paso a un reconocimiento centrado en las personas con discapacidad y señalando la obligación de los poderes públicos de garantizar su plena autonomía, inclusión social y libertad de elección.
Asimismo, en la nueva redacción tendrán voz propia las mujeres y niñas con discapacidad. De igual forma, el nuevo Artículo 49 pondrá en valor el diálogo civil como elemento de fortalecimiento del Estado de Derecho.
