El Grupo Por Ávila en la Diputación Provincial ha desmiente al portavoz de esta institución, el popular Juan Carlos Sánchez Mesón, cuando ayer lunes en la rueda de prensa, tras la Junta de Gobierno, afirmó que los parques de bomberos comarcales que se están construyendo en cinco localidades de la provincia abulense "ya superan todos el 60% de ejecución".
Haciendo un seguimiento de las certificaciones de obra que se han aprobado hasta el día de ayer, tres de los cinco parques presentan ejecuciones por debajo de ese porcentaje, apuntan desde el Grupo Por Ávila, unos diputados provinciales de la formación amarilla que se ha mostrado sorprendido de que "se quiera sacar pecho con el grado de ejecución de los proyectos, ya que algunos de ellos tenían que haber estado terminados con fecha 30 de septiembre de 2023 para poder financiarse con una subvención europea del React EU, que se ha perdido". Además, en la justificación de esa subvención se alegó que el Parque de Piedrahita estaría terminado el día 18 de diciembre del pasado año, cuando aún sigue sin terminarse a día de hoy.
Por ejemplo, para el parque de Arenas de San Pedro se han aprobado 235.683 euros de 1.298.330 euros del total de la obra, por lo que la ejecución estaría en un 18,15%. El parque de Cebreros cuenta con cuatro certificaciones de obra con un importe de 588.812 euros, por lo que estaría en el 46,2% de ejecución, ya que la licitación es de 1.273.334 euros. En cuanto al parque de Piedrahita, presenta una ejecución del 56% al haberse aprobado certificaciones de obra por 194.625 euros de los 347.985 euros del proyecto.
Si están por encima de ese listón el parque de Arévalo, en el que se han aprobado ocho certificaciones de obra por valor de 1.050.489 euros, cuando el valor total es de 1.269.674 euros (82% de ejecución), y el parque de Sotillo de la Adrada, que cuenta con 988.953 euros aprobados en certificaciones de 1.288.449 euros de la licitación (76,7% de ejecución).
Sumando todos los proyectos de los cinco parques comarcales que la Diputación está construyendo en la provincia de Ávila, el importe sería de 5.477.772 euros, de los que están ya aprobadas certificaciones de obra por 3.022.711 euros, lo que representa algo más de la mitad del total, un 55%.
Por otro lado, el procurador de Por Ávila en las Cortes de Castilla y León, Pedro Pascual, ha recordado al Ejecutivo regional que el control y gestión del transporte escolar y de menores es su competencia y que, por lo tanto, debe adoptar todas las medidas necesarias para que los vehículos cumplan con la normativa vigente. Todo ello de cara a garantizar la máxima seguridad de los menores y también la de los propios conductores.
Así, y a la vista de los datos desprendidos de la campaña de vigilancia sobre el transporte escolar y de menores llevada a cabo por la Dirección General de Tráfico de la Guardia Civil el pasado mes de enero, Pedro Pascual ha recordado a la Junta de Castilla y León que es su obligación asegurar que estos vehículos cumplen con la normativa prevista para garantizar la seguridad de los menores y también la de los conductores.
El procurador de la formación amarilla ha destacado los datos de la provincia de Ávila, la tercera en la que mayor porcentaje de vehículos se han sancionado. Y es que casi la mitad de los vehículos inspeccionados no cumplían con los requisitos básicos de circulación previstos para este tipo de transporte, algo "intolerable".
Por ello, y con el objetivo de reducir el número de sanciones, Pascual ha pedido a la Junta que asuma sus responsabilidades y adopte las medidas necesarias para garantizar que el transporte de menores a los centros educativos se realiza en condiciones de "máxima" seguridad.
Finalmente, el procurador abulense también ha resaltado que ninguno de los conductores controlados haya dado positivo por alcohol o drogas, lo que demuestra el gran trabajo que realizan y que, para ellos, también es fundamental que los autobuses cuenten con todas las garantías de seguridad.
