El Grupo Por Ávila en la Diputación Provincial pedirá explicaciones a los responsables de la institución en la próxima Comisión Informativa de Recursos Humanos, Régimen Interior, Organización y Transparencia tras la publicación por parte del Consejo de Cuentas de Castilla y León de su informe anual de fiscalización, en el que se detectan "incumplimientos muy significativos" de la Ley de Contratos del Sector Público.
El portavoz de Por Ávila, Óscar Jiménez, esperaba que el presidente de la Diputación o el diputado responsable de contratación ofrecieran algún tipo de explicación a la vista de este informe en el que los dos contratos de la Institución Provincial del año 2021 analizados presentan irregularidades.
"Desde Por Ávila confiábamos en que, tras la presentación de este informe de fiscalización del Consejo de Cuentas, los dirigentes de la Diputación comparecieran para dar explicaciones sobre estos incumplimientos legales en el área de Contratación. Pero no ha sido así, y no sabemos qué medidas se van a llevar a cabo para corregir en el futuro estas cuestiones", asegura Jiménez.
El primero de los contratos analizados es el servicio de limpieza de las dependencias de la Diputación. El Consejo de Cuentas afirma que se han producido "incumplimientos significativos" ya que "existe un insuficiente detalle del objeto del contrato" puesto que "no se desarrolla el contenido de los servicios contratados, ni la extensión y clases de las superficies a limpiar, periodicidades de las diferentes actuaciones de limpieza, etc.".
También se detecta que "la definición de los criterios de adjudicación evaluables mediante juicios de valor presenta un incorrecto o insuficiente desarrollo", y "no se establecen los elementos a valorar en cada uno de los criterios, que permita a los licitadores y a los órganos de valoración conocer qué aspectos serán tenidos en cuenta, positiva o negativamente, para identificar dicha adecuación y la selección de la oferta más ventajosa".
Tampoco queda justificada adecuadamente la no división en lotes del contrato "teniendo en cuenta que el contrato tiene por objeto la limpieza de instalaciones ubicadas en seis centros diferentes, lo que no favorece la concurrencia de pequeñas y medianas empresas". Y en cuanto a las condiciones de ejecución del contrato, se establecen clausulas poco precisas, "lo que dificulta su cumplimiento por la empresa y la verificación por la administración".
Además, la Diputación no remitió a la Plataforma de Rendición de los Órganos de Control Externo la aprobación del pliego de condiciones administrativas particulares, como marca la norma.
El segundo contrato analizado es el de la conservación de carreteras provinciales Zona 2. Según el Consejo de Cuentas "se ha producido un incumplimiento muy significativo", con el uso de fórmulas que conllevan "un elevado riesgo de que el contrato no se adjudique al mejor licitador".
Y es que, en la definición de la fórmula de valoración de la oferta económica, se introduce un sesgo favorable a la proximidad de la oferta valorada a la baja media, en lugar de su relación con el presupuesto de licitación, y además quedan excluidas aquellas empresas que presenten una oferta, en más o en menos, del 10% a la baja media. Algo que "puede producir que la oferta más barata no obtenga la mejor puntuación en este apartado, incluso que no sea tenida en cuenta, sin que se justifique en el expediente las razones que han motivado su elección".
También se considera que el informe sobre los criterios evaluables mediante juicios de valor "no está suficientemente motivado", ya que "señala una mera asignación de puntos totales a cada licitador, pero sin mencionar los aspectos o elementos de cada oferta que conducen al resultado individualizado que otorga la preferencia a un candidato sobre los demás".
