"La Junta gobernada por el PP no ha aprendido la lección ni ha dotado de medios suficientes a la provincia de Ávila después de los grandes incendios que han asolado comarcas, como el de Navalacruz de 2021 o los devastadores fuegos de 2022". Esta es la conclusión que quiere subrayar el socialista José Luis Vázquez, coordinador del área de Fomento y Medio Ambiente del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León.
Vázquez, que hace extensible a toda la comunidad autónoma la crítica por la insuficiencia de medios y las malas condiciones de trabajo de los profesionales, resalta que Ávila "es una de las provincias en las que mayor reflejo tienen esas carencias. Recordemos la descoordinación y falta de previsión de la Junta en el incendio de La Paramera".
"No nos engañemos, estamos igual que antes de aquellos sucesos, con los mejores bomberos y agentes medioambientales y con el peor operativo de toda España ante una emergencia climática, de la que ya nadie duda", se lamenta el procurador.
"En el Valle del Tiétar hay torres con goteras, con óxido por todos los lados, inaccesibles, con las cubiertas dañadas y a 40 grados de temperatura y equipos sin conductores o sin mangueristas", detalla José Luis Vázquez. "Estas circunstancias tienen que revertirse de manera inmediata", advierte el parlamentario autonómico.
En esta misma línea se manifiesta el procurador abulense Miguel Hernández, quien pone el acento en las iniciativas parlamentarias promovidas por el PSOE tanto a nivel nacional como autonómico, haciendo suyo el mensaje de que "los socialistas cuidamos a los que nos cuidan, a los que se queman las botas y se juegan la vida". Hernández confía en que la Ley Básica de Bomberos Forestales y su homónima de Agentes medioambientales pongan fin "a la injusticia que la Junta está cometiendo con este colectivo de trabajadores".
El Proyecto de Ley Básica ha llegado al Senado, tras su paso por el Congreso sin ningún voto en contra y la abstención del PP, Vox y UPN. "Esta normativa beneficiará a unos 400 profesionales en la provincia, poniendo fin a una sopa de clasificaciones profesionales y regulaciones, ofreciendo un reconocimiento legal o reglamentario expreso, derechos de protección eficaces o jubilaciones anticipadas y segundas actividades homologables con las de los bomberos al servicio de las Administraciones, entre otros aspectos ligados a este servicio de carácter esencial e interés social", indican.
Así mismo, el procurador abulense explica que "el Grupo Parlamentario Socialista que encabeza Luis Tudanca ha registrado en las Cortes sendas proposiciones de Ley de Bomberos Forestales y de Agentes Medioambientales para que Castilla y León cuente con operativo estable, público, con condiciones dignas y con recursos suficientes" para proteger el patrimonio medioambiental autonómico. "Los socialistas de Castilla y León vamos a trabajar con prontitud para el desarrollo autonómico de esa normativa básica", apostilla Hernández.
Las leyes que se tramitan por iniciativa socialista tanto en el Parlamento como en las Cortes autonómicas, además de edificar un marco de derechos y obligaciones y mejorar la prevención y la eficacia de las actuaciones, buscan también poner en orden en la estructura material y personal de los operativos.
El dispositivo contraincendios de la provincia es un heterogéneo grupo de efectivos y equipos dependientes de varias administraciones. El grueso de este despliegue lo protagonizan los bomberos forestales bajo supervisión de la Junta de Castilla y León, una plantilla actual atomizada en 11 categorías diferentes y bajo formas jurídicas y laborales dispares: hay bomberos que pertenecen a la empresa pública Tragsa, los hay laborales, y los hay por cuenta ajena de empresas privadas.
A ellos se suman los efectivos de colaboración de las entidades locales y la BRIF del Puerto del Pico, perteneciente al Estado, en concreto al Miteco, y la más profesionalizada de todas, en tránsito de convertirse en Brigada de tipo A, como la mayor parte de sus homólogas del país.
La Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales del Puerto del Pico está compuesta por unas 35 personas, cifra que se duplicará cuando culmine su recalificación de tipo B a tipo A. Cuenta actualmente con tres brigadas de tierra (en tres turnos: presencial, de disponibilidad domiciliaria y de descanso) y dos helitransportadas. Está operativa durante todo el año.
El Gobierno destina 6.3 millones de euros a través del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia para que el Puerto del Pico acoja en el plazo de unos dos años la BRIF-A. El proyecto consiste en la construcción de una nueva base a tres kilómetros al norte de la actual, un nuevo helipuerto, un nuevo edificio principal, una nave para almacén y taller, un comedor exterior cubierto, un aparcamiento techado y otras construcciones auxiliares.
Además de las consecuencias de su redimensión funcional, la nueva base, con unas 80 personas, contribuirá a fijar población en las localidades cercanas, donde residen buena parte de los trabajadores adscritos a la Brigada de Refuerzo, así como sus familias.
En cuanto a los agentes medioambientales, estos pertenecen a la Junta, en concreto a la Consejería de Medio Ambiente, y son aproximadamente un centenar de trabajadores, un 24% de ellos, interinos.
