La Asociación Unificada de Guardias Civil de Ávila pide ser considerada profesión de riesgo

La Asociación Unificada de Guardias Civil (AUGC) ha denunciado, a través de un comunicado, que en su trabajo "somos víctimas de insultos, amenazas y ataques por el mero hecho de dedicarnos a la defensa de las libertades y derechos de la ciudadanía y al mantenimiento del orden público; una situación de indefensión totalmente inmerecida e inasumible en un Estado de Derecho que requiere de medidas excepcionales por parte del Ministerio del Interior, tanto en la protección y seguridad de los agentes como en el endurecimiento de las condenas que actualmente contempla el Código Penal".

En concreto, de 6 meses a 3 años de prisión para el delito de atentado contra agente de la autoridad, y de 3 meses a 1 año de prisión o multa para el delito de resistencia o desobediencia grave.

Desde AUGC "hemos pedido al Gobierno que reconozca a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como  profesión de riesgo. No es comprensible que Policía Local, Mossos d'Esquadra y Ertzainza tengan ese reconocimiento laboral, y en cambio Policía Nacional y Guardia Civil no".

Además, consideran "imprescindible el endurecimiento del Código Penal para recuperar el principio de autoridad".

En ese sentido, ejemplifican que los agresores, "en muchas ocasiones", sean puestos en libertad a las pocas horas de su detención.

"No es comprensible que el agresor esté en la calle mientras la víctima está recuperándose de las lesiones físicas o psicológicas. Este hecho crea incertidumbre en la sociedad y una falsa sensación de impunidad en los agresores, fomentando la idea para unos y otros de que el reproche penal es mínimo, y contribuye sin lugar a dudas a que el principio de autoridad cada día esté más denostado socialmente", admiten en el escrito.

Es por ello, que critican "la falta de un protocolo claro ante las situaciones de violencia inusitada que surgen cada vez con más frecuencia en todo el territorio nacional y también en nuestra provincia".

Desde AUGC explican que "llevan tiempo" solicitando al Ministerio del Interior pistolas táser y cámaras corporales.

"Cada patrulla de nuestros pueblos debería poder llevar este tipo de herramientas como parte de la uniformidad, puesto que contribuirían a disuadir a los autores y con ello se evitarían agresiones que ponen en peligro la integridad física de agentes y ciudadanos", recalcan.

Además, exigen que por parte de la Fiscalía se adopte el criterio de solicitar el ingreso en prisión provisional de los investigados por delito de atentado contra agentes de la autoridad con resultado de lesiones sobre estos. Y que por parte de los Juzgados de Instrucción no se tramiten estos asuntos como diligencias urgentes de juicio rápido, puesto que en la mayoría de los casos en que así se hace "no se determina con acierto y realidad" el alcance de las lesiones y la sanidad de los lesionados.

"Es muy habitual que con el paso de los días, el lesionado sufra un empeoramiento, una recaída o incluso reciba un diagnóstico distinto tras someterse a pruebas médicas, que requiera de tratamiento médico, de un periodo de recuperación superior o de ambos, que inicialmente no se podía prever y que no puede hacerse valer en caso de que se haya tramitado como juicio rápido, lo que genera una doble frustración de las garantías públicas: por un lado, hechos que deberían ser calificados como lesiones graves o menos graves quedan impunes y los autores sólo son condenados por delitos leves de lesiones; y por otro lado, los agentes víctimas del delito de lesiones no obtienen la indemnización que realmente corresponde por las lesiones que efectivamente han sufrido", explican.

En ese sentido, recuerdan que, el pasado 26 de septiembre, solicitaron una reunión con el Subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, "para tratar temas este y otros temas".

Asimismo, han programado una conferencia que la ejercerá su abogado, Andrés Díaz Moñino, bajo el título 'Agente de la autoridad y víctima de lesiones', que tendrá lugar el próximo día 22 de octubre en el salón de Actos de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, en la que se abordarán cuestiones como las acontecidas el pasado sábado 28 de septiembre y sus repercusiones legales, y que repercuten a todos los Guardias Civiles puesto que "en cualquier momento, en el ejercicio de sus funciones, pueden convertirse en víctimas de un delito de lesiones por cumplir con su deber".