Tras la reactivación del borrador del nuevo Mapa Concesional de Transportes por parte del Gobierno de España, la Junta de Castilla y León ha querido recordar que ya cuenta con un diseño del nuevo sistema de transportes de Castilla y León, por lo que ha solicitado la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Transportes al Ministerio como requisito indispensable para reconsiderar el planteamiento inicial del mismo.
En este sentido, desde el Ejecutivo regional han recordado que este nuevo Mapa Concesional Estatal suprime tres de cada cuatro paradas actuales en Castilla y León, con 474 paradas afectadas en 346 municipios de las nueve provincias de la Comunidad. "Hay casos muy significativos, como los de las provincias de León o Palencia, donde la supresión afecta al 90% de las paradas actuales. El mapa que promueve desde el año 2022 el Gobierno de España abandona, en definitiva, a más de 200.000 habitantes del medio rural. Los municipios perjudicados en Castilla y León suponen el 24,4 % de los afectados en España", han explicado desde el Gobierno autonómico.
Por ello, la Junta considera necesario garantizar "la calidad y eficiencia del servicio a los ciudadanos de Castilla y León para que no se vean penalizados por retrocesos ni obligados a realizar transbordos en sus recorridos". Además, piden que se dote de financiación estable a las comunidades autónomas.
"Esto es un requisito indispensable para poder avanzar en las licitaciones del transporte en la Comunidad. La información ofrecida por el Ministerio no tiene en cuenta la diversidad territorial de todo el país, en especial de Castilla y León, donde la Junta no ha tenido en cuenta el número de usuarios del transporte público para garantizar el 100% de estos servicios", han asegurado.
La financiación que ofrece el Ministerio es de 40 millones de euros anuales (en realidad son 25 millones de euros al considerar que 15 son por los billetes de los usuarios) a repartir entre todas las comunidades, una cuantía "a todas luces insuficiente si se tiene en cuenta que el coste mínimo por la prestación de los servicios que deja de realizar la Administración General del Estado con el nuevo mapa concesional y que pretende que asuman las diferentes comunidades asciende a un mínimo estimado de 110 millones de euros".
