El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha anunciado que en el plazo de un mes el ejecutivo autonómico presentará la nueva estrategia de salud mental que incidirá en dos aspectos principales "la coordinación y la atención sanitaria en equidad".
Durante la inauguración de la XXXVII Reunión de la Asociación Castellana y Leonesa de Psiquiatría, celebrada en Palencia, Vázquez ha adelantado que la Consejería de Sanidad pretende "mejorar la coordinación entre administraciones para así mejorar el servicio que se ofrece a los pacientes".
El otro de los aspectos importantes de la nueva estrategia regional de salud mental, el acceso a la atención sanitaria en salud mental en equidad, implica algunos retos como "destinar más recursos a la prevención del suicidio y a la humanización de dicha atención".
De la misma forma, el consejero ha reconocido la necesidad de "dar respuesta a las enfermedades mentales como parte de la salud pública", para lo que son esenciales los recursos humanos.
A pesar del aumento de las plantillas en los últimos años, "no hay suficientes psicólogos clínicos", por lo que será otros de los aspectos a tener en cuenta en la estrategia que se está ultimando.
No en vano, "en nuestro entorno, entre el dos y el tres por ciento de las personas sufre un trastorno mental grave y el nueve por ciento, una enfermedad mental", de forma que uno de cada cuatro españoles necesitará asistencia de salud mental a lo largo de su vida.
Se trata, además, de la segunda causa de incapacidad laboral, con un aumento del quince por ciento en el último año.
El incremento más "preocupante", sin embargo, se está produciendo en el segmento de población infanto-juvenil, en el que se ha pasado del 6,5 por ciento de menores con un trastorno de salud mental en 2017 al 16 por ciento en 2023.
De ahí la incorporación de nuevos centros a la red de día de hospitales psiquiátricos de la comunidad, que incluyen unidad infanto-juvenil.
En este sentido, se está trabajando en un plan piloto de hospitalización a domicilio que podría "reducir el ingreso de menores en un cuarenta por ciento".
