El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, ha propuesto este lunes que la Junta se plantee negar ayudas públicas a los municipios que no rindan cuentas ante esta entidad de supervisión, al igual que ya hace con el Fondo de Cooperación Local y lo extienda al resto de ayudas, ya que "sería efectivo" para cumplir con esta obligación.
"Doten al Consejo de medidas coercitivas, no vivamos en el lamento permanente", ha exclamado Amilivia tras escuchar las palabras de apoyo a esta medida por parte de los grupos parlamentarios, publica EFE.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, para presentar el informe sobre la situación de rendición de cuentas de "los municipios más incumplidores" en el periodo 2003-2020, con el análisis de los 32 ayuntamientos en esa situación, Amilivia ha asegurado que precisamente las autonomías que sí disponen de esas "multas coercitivas", en forma de imposibilidad de acceder a ayudas, están por encima de Castilla y León en esta materia.
Amilivia ha insistido en que, de contar con estas medidas disuasorias, los resultados de rendición de cuentas "mejorarían los resultados" obtenidos, aunque ha matizado que afortunadamente el 90 por ciento de los municipios cumplen razonablemente con esta obligación, si bien ha reconocido que este informe se centra en ese otro 10 por ciento que llega tarde o, directamente, como ocurre con esos 32 municipios, el incumplimiento es reiterado.
El presidente del Consejo de Cuentas, prosigue EFE, ha incidido también en el papel de las diputaciones provinciales, a las que ha pedido, junto con el Consejo Comarcal de El Bierzo, mejorar su nivel de asistencia técnica a los municipios a la hora de rendir cuentas ante esta institución de control, especialmente a los pueblos de menor tamaño, con mayores problemas en este sentido.
Ha destacado que esta evaluación y este informe debe ser tomado como una especie de encuesta, con una muestra de los municipios más incumplidores, que sirve para conocer los motivos que llevan a determinadas administraciones a no cumplir con su obligación de rendir cuentas.
Entre las argumentaciones de los municipios evaluados para no cumplir con esta obligación, el informe plantea que es la falta de medios personales y materiales, el retraso acumulado en ejercicios anteriores, la ausencia de programas informáticos o conexión a internet y, especialmente, la acumulación y exceso de tareas por parte de los funcionarios con habilitación nacional (secretario, interventor y tesorero), según ha explicado Amilivia.
Ante esta situación, el Consejo de Cuentas ha planteado como recomendaciones a los municipios interpelados que tomen las medidas necesarias para cumplir, pero especialmente ha puesto el foco en el papel que juegan las diputaciones en esta materia. "Tienen mucho que decir", ha subrayado.
De hecho, ha vinculado el grado de cumplimiento de los municipios con la labor desarrollada en cada diputación en este apartado.
Del mismo modo, ha recomendado a la Junta de Castilla y León que revise las autorizaciones de acumulaciones conferidas a los funcionarios de habilitación nacional en aquellos supuestos en los que la entidad principal o el ayuntamiento acumulado dejen de rendir las cuentas de más de un ejercicio o incurran en incumplimiento del ciclo presupuestario.
En este sentido, ha destacado que en el ámbito nacional hay propuestas que indican que, más allá de habilitar interinos para desarrollar las labores de secretaría municipal, quizás una alternativa sería dotar a los pequeños municipios de un auxiliar administrativo y que los secretarios se encuentren concentrados en las Diputaciones para prestar esa labor de forma centralizada.
Amilivia ha recordado que estos 32 municipios seleccionados para realizar este informe sumaban 410 cuentas generales sin presentar a 31 de octubre de 2022, aunque ha valorado que algunos de ellos hayan corregido esta situación y se hayan ido poniendo al día con la presentación de buena parte de estas rendiciones, en una línea que ha insistido, mejoraría si el Consejo de Cuentas dispusiera de herramientas para obligar al cumplimiento, en referencia a la negativa de ayudas o multas coercitivas.
En sus intervenciones, la mayor parte de los grupos parlamentarios han respaldado la necesidad de tomar medidas para corregir estos incumplimientos, aunque también han asumido las dificultades de los pequeños municipios a la hora de rendir cuentas, por lo que han mirado también al papel de las diputaciones como clave a la hora de asistirles.
