El traspaso del mutualismo administrativo (Muface) al sistema sanitario de las comunidades autónomas a partir del 1 de febrero provocará un colapso en Castilla y León al sumar entre 100.000 y 120.000 beneficiarios, según ha pronosticado este jueves el sindicato CSIF.
La sanidad de Castilla y León "quedaría al borde del colapso" tanto en los centros de salud como en los hospitales porque "no hay capacidad, ni personal, ni infraestructuras" para asimilar desde un primer momento los derechos sanitarios de 70.000 mutualistas de la Administración General del Estado y sus familias.
Lo ha explicado en Valladolid, durante una rueda de prensa, Enrique Vega, máximo responsable autonómico del sector Sanidad dentro del sindicato funcionarial CSIF, quien ha echado en falta una "declaración contundente" en este sentido por parte de la Consejería de Sanidad, sobre la que recaerá este aumento de prestaciones, informa EFE.
Para absorber a corto plazo esa demanda, en menos de dos meses, la Sanidad de Castilla y León (Sacyl) necesitaría al menos de 300 millones y unos 3.000 profesionales de todas las categorías con el fin de aumentar prestaciones e infraestructuras en centros de salud y hospitales, como quirófanos y máquinas de pruebas diagnósticas.
En función de las ratio actuales, según los cálculos de Enrique Vega con arreglo a la actividad asistencial, ese aumento potencial del 6,5 por ciento de pacientes exigiría 180 profesionales médicos y 150 de enfermería más, mientras que la lista de espera quirúrgica podría pasar de 108 a 216 días si no se toman medidas inmediatas.
"Se va a tensionar el sistema: faltan médicos en Atención Primaria y las plantillas están infradotadas", ha insistido antes de reprochar a la Consejería de Sanidad, el principal afectado por esta situación al margen de la ciudadanía, que no haya realizado "una declaración contundente para defender que la mutualidad es necesaria", ya que a su juicio va a provocar "una ruptura del sistema".
Contra "esta muerte programada" del mutualismo administrativo por parte del Gobierno de España, que "va a poner en riesgo la salud y tranquilidad de nuestros funcionarios de la Administración General del Estado al ponerlos en el limbo sanitario", el secretario autonómico de Relaciones Institucionales, Rodrigo Molledo, ha llamado a secundar la manifestación en contra del 14 de diciembre en Madrid.
"Sin Muface perdemos todos, estaremos abocados a un sector sanitario tensionado y además se va a perder empleo", ha añadido Molledo antes de exigir "que se aparte el criterio ideológico o partidista de un modelo que se ha demostrado viable y eficaz durante cincuenta años".
En la misma línea, la presidenta del sector autonómico de Educación en CSIF, Isabel Madruga, ha advertido que Muface "es un derecho adquirido y no un privilegio", y que según datos del Ministerio de Sanidad el 8,8 por ciento del gasto sanitario financia la derivación de pacientes al sector privado. "Es una corriente antifuncionarial, estamos sometidos a presiones políticas y demagógicas" que CSIF "no va a consentir, vengan de donde vengan", ha avisado.
