El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirá este lunes la que se prevé que sea la última reunión del Consejo de Ministros este año y comparecerá después en rueda de prensa para hacer balance de la legislatura tras una semana que ha ejemplificado los escollos que tiene en su mandato, recoge EFE.
Siguiendo la práctica de presentar periódicamente el nivel de cumplimiento de los compromisos del Ejecutivo, Sánchez ofrecerá los últimos datos al respecto, analizará la actual situación política y económica, y expondrá sus expectativas de futuro.
Lo hará después de una semana que ha evidenciado las dificultades del Gobierno para sacar adelante sus iniciativas ya que sus socios de investidura no conforman un bloque compacto que las avalen. Pero tal y como ha venido destacando en sus últimas intervenciones, hará hincapié en que, pese a ello, han podido aprobarse 25 leyes.
Fuentes del Ejecutivo han señalado a EFE que mientras muchos países de su entorno acaban el año con incertidumbre económica e inestabilidad política, España sí tiene estabilidad, logra aprobar reformas y cuenta con un reconocimiento internacional a su buen hacer en economía, aseguran.
Sánchez, en su comparecencia tras la última reunión del año del Consejo Europeo, resaltó esa capacidad de acuerdo llegando a considerar un éxito parlamentario que las Cortes respaldasen el grueso de su paquete fiscal, aunque no pudo mantener el impuesto a las energéticas. Lo quería prorrogar con el apoyo de ERC, Bildu, Podemos y BNG, pero fue rechazado al unir sus votos otros dos socios de investidura, PNV y Junts, a los del PP y Vox.
Debido a ello, el Consejo de Ministros aprobará este lunes un real decreto ley (junto a otro que aumentará el gravamen al diésel) para extender el impuesto a las energéticas, aunque el Gobierno asume que es improbable que prospere al no tener apoyos suficientes en el Congreso.
Podemos, que reclama también ese impuesto, logró esta semana otro compromiso del Ejecutivo, aprobar este lunes un real decreto para prorrogar durante un año medidas del escudo social como la suspensión de los desahucios a colectivos vulnerables y extender seis meses más las actuales ayudas al transporte. A cambio, Podemos apoyó la ley de eficiencia de la Justicia y el PSOE pudo salvar el veto del Senado.
Todo ello ratifica la complejidad que el Gobierno tendrá en la negociación de los presupuestos generales para 2025 con sus socios, entre ellos Junts, formación que ha presentado una proposición no de ley para que Sánchez plantee una cuestión de confianza.
La Mesa del Congreso aplazó el martes su decisión de si acepta o no esa iniciativa, mientras el líder de Junts, Carles Puigdemont, advertía de que si se impedía su tramitación, la legislatura colapsaría.
En medio de todo ello se han sucedido una serie de citas judiciales en los últimos días como las declaraciones por el caso Koldo de quien da nombre a esta trama, Koldo García, y del empresario Víctor de Aldama, mientras que el Tribunal Supremo ha pedido al Congreso el suplicatorio del exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos.
Petición ante los indicios de que haya cometido los delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación en ese caso.
El miércoles declaró la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, ante el juez que la investiga y negó cualquier irregularidad en la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid.
Ante el mismo juez, Juan Carlos Peinado, declaró dos días más tarde por este mismo caso Cristina Álvarez, asesora de Moncloa que explicó que fue contratada para asistir a Gómez para gestionar su agenda pública.
Sánchez, otros miembros del Gobierno y el PSOE repiten que no hay nada irregular y que el tiempo les dará la razón, y el ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha llegado a acusar a Peinado de prevaricar.
En la última sesión de control al Gobierno en el Congreso, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó a Sánchez de hacerse la víctima por los jueces por causas como la de su mujer y le reprochó otros asuntos como la actuación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señaló que no encontró ningún mensaje en aplicaciones de mensajería instantánea del móvil del fiscal entre el 8 y el 14 de marzo, periodo en el que se filtró presuntamente información del novio de Ayuso. Si la oposición concluye que se debe a que García Ortiz los borró, Sánchez interpreta que eso exonera al fiscal de toda responsabilidad y deberían pedirle disculpas los que solicitaron su dimisión.
También se mostró convencido de que no hay nada irregular en la actuación de la asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera, del que fuera su secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés y de quien ahora ocupa ese puesto, Ion Antolín, también exresponsable de comunicación del PSOE.
Otro informe de la UCO deduce que los tres tenían conocimiento del correo en el que la pareja de Ayuso reconocía un fraude fiscal antes de que se publicara íntegramente en algún medio de comunicación.
